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viernes, 22 de febrero de 2013

FALLIDA REORDENACION DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ (IDEAL, 22/2/2013)


Es fin de semana y necesitamos descansar; leer cosas amenas, hacer deporte, relajarse en definitiva...Pero os sugiero la lectura de este, mí artículo, publicado este viernes en Ideal. Os lo sugiero porque está escrito para que se entienda de forma clara lo que ocurre en la Junta con su pretendida Ley de reordenación, conocida por todos como del 'enchufismo'; y porque está pensado para el público en general y no tan sólo para el personal perjudicado

 FALLIDA REORDENACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ 

A las Administraciones Públicas se les ha ido la mano en materia de personal. O mejor dicho: se les ha ido la mano a los políticos que las dirigen. Olvidaron pronto lo que preceptúa la Constitución en materia de acceso a la función pública y con el paso de los años han ido construyendo un rompecabezas del que ya no es fácil salir. Para buen ejemplo de este dislate está el caso de Andalucía, que podría pasar por ser el más escandaloso de este Estado agonizante, que ya tiene su mérito.
Aquí en el sur, la Junta de Andalucía comenzó hace lustros a deteriorar de forma voluntaria su propia función pública por la vía de los hechos consumados. Inicialmente, ese deterioro comenzó lento y pausado: se iban creando diversos entes y empresas públicas, que pocos sabían para qué servían ni cuál era el sistema de acceso; algo paradójico, porque ya se contaba con una Administración potente, poblada de funcionarios y personal laboral. Empleados públicos -provenientes del Estado, ayuntamientos y propios- más que suficientes para cumplir con las tareas encomendadas por el Estatuto de Autonomía en los distintos sectores de actividad, excepto casos puntuales de necesidad coyuntural. Es más, en la misma medida que se creaban cada vez más entes y empresas públicas de dudosa legalidad y utilidad, continuaban aprobándose las preceptivas ofertas de empleo público y los concursos de traslado, que son los mecanismos reglados para el acceso y la promoción en las Administraciones Públicas. Luego, habría que preguntarse sobre el por qué de esa persistencia continuada en configurar una Administración paralela a toda costa y coste.
En un primer momento, esos entes no eran muchos y pasaban muy inadvertidos para la opinión pública e, incluso, para el propio empleado público, pero la cada vez más desenfrenada creación de éstos por parte de cada uno de los distintos gobiernos andaluces generó en pocos años una superestructura –Administración paralela- que a día de hoy se levanta como un 'leviatán' de enormes tentáculos y que ya nadie puede -ni quiere- controlar. Cada consejería se convirtió en una especie de Reino de Taifas y como si se tratara de una bola de nieve que va aumentando su volumen a cada paso, esa Administración paralela no ha hecho otra cosa que engordar y en su anárquico transitar ir devorando el presupuesto en materia de personal, que ya de por sí cuenta con magros créditos consolidados para abonar las nóminas de los verdaderos empleados públicos (todos aquellos, que de una forma u otra -oposición o concurso-oposición- han ido accediendo a un puesto público de acuerdo con la legislación vigente, que nos guste o no es la que hay).
Así las cosas, la propia Junta de Andalucía, consciente de que esa gran bola de nieve podría acabar por hacer tambalear el propio equilibrio institucional, no se le ocurrió otra cosa que iniciar una huída hacia delante aprobando en 2010 una pretendida reordenación del sector público andaluz a través de una excepcional y silente herramienta jurídica, el Decreto-Ley, que luego fue convalidado en el parlamento andaluz por la vía de la Ley ordinaria. Esa reordenación se basa en la figura de la agencia, emulando, tal vez de manera torticera, algunos modelos de función pública de países de nuestro entorno europeo que, jurídicamente, nada tienen que ver con el nuestro. A esa norma los empleados públicos y la mayoría de la prensa andaluza y nacional la conocen como la ‘ley del enchufismo’.
La idea que se barajaba en los altos despachos de la Junta era muy clara: aprobar protocolos con el fin de integrar en esas pretendidas agencias a propios y a extraños; es decir, a los empleados públicos y al personal contratado de esos entes y empresas públicas. Pero no advirtieron, o no quisieron advertir, que ese personal contratado no es empleado público porque no ha accedido a la función pública por las vías legales de acceso a la misma; además, al no disfrutar de la condición de funcionario de carrera carece de la potestad administrativa necesaria que exigen las normas administrativas para ejecutar ciertos actos. En puridad, y a solicitud de los propios empleados públicos (que contrataron a dos prestigiosos despachos de abogados andaluces con sus propios recursos económicos, sin subvención ni nada), es lo que está manteniendo, a través de distintas resoluciones, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA –descentralizada en Granada, Málaga y Sevilla-, que reiteradamente vienen a advertir que esos protocolos de integración son un claro atentado jurídico al sistema de acceso a la función pública vigente. Pero lejos de derogar de una vez por todas esa ley de reordenación, la Junta de Andalucía continúa en su empeño reformador sin que a estas alturas los andaluces sepamos aún el motivo de tal perseverancia jurídico-política, denostada tanto por el Poder Judicial en Andalucía, los propios empleados públicos, la mayoría de los medios de comunicación, los sindicatos sectoriales y profesionales de la función pública y el partido mayoritario en el parlamento andaluz.

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