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martes, 19 de junio de 2012

UNA BREVE REFLEXIÓN SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LAS AGENCIAS EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA

El esquema de la agencialización llevado a cabo por la Junta de Andalucía a través de la Ley 1/2011, de 17 de   febrero de Reordenación del Sector Público de Andalucía, es una clara traición al esquema constitucional de la función pública andaluza y española. Es legítima la implantación de la agencialización en España, desde que operó la reforma administrativa de la LOFAGE y la promulgación posterior de la ley estatal 28/2006, de 18 de julio de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, así como la promulgación de la Ley 9/2007, de 22 de octubre de Administración de la Junta de Andalucía -LAJA- pero no lo es el esquema que ha llevado a cabo de la Junta de Andalucía, que con una clara deslealtad hacia el Sector Público de Andalucía se apoya en esta legislación para llevar a cabo toda una catarsis clientelista del sector público que recuerda a la que intentó evitar sin mucho éxito el Decreto 315/ 1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aún vigente en mínimos aspectos, donde el clientelismo y el favoritismo para el acceso a la función pública era común en determinados sectores de la Administración Pública franquista, a pesar de que su articulado incluía ideas renovadas propias de una función pública profesional, algo que a duras penas logró imponerse en la reforma de la función pública de  1984, época en la que el partido socialista teóricamente consolidó un sistema de función pública profesional mezclándolo con una alta politización de puestos de libre designación, nombramientos discrecionales de la mayoría de los órganos directivos (nombramientos políticos)  y de adscripción eventual. En otras palabras, se produjo una fuerte politización de la Administración que se vio abordada por una presencia cada vez más descarada del partido en el gobierno del nación, esquema que también trasladó a las Comunidades Autónomas de su mismo signo político.  
Sin embargo, lo visto ahora en la Junta de Andalucía, incluso, escapa -y supera, por tanto- a ese intento politizador, ya que la teoría de las agencias, que no es nueva ni tan siquiera tiene la patente española busca una descentralización y un sistema gerencial movido por un  dinamismo más moderno de la gestión pública y los recursos humanos, pero dotado de fuertes controles por parte de los poderes públicos, tanto a nivel de potestades administrativas públicas como en cuanto al control presupuestario. Pero nada de eso ha existido en Andalucía, por lo que no es más que un intento  torticero y descarado de aupar un agencialismo "ad hoc" apoyándose  en un basamento teórico de la nueva gestión pública formulado en las Administraciones Públicas de corte anglosajón en los años 80, que culminó en la implantación del programa Next Stepts en el Reino Unido, que es el intento más logrado de la implantación de las agencias en Europa. Sin embargo, este intento baldío del gobierno andaluz - probablemente cometido en fraude de ley- ha derivado sin sonrojo hacía un clientelismo aderezado con muchas dosis de nepotismo preocupante, ya que se aparta de los principios jurídicos elementales en cuanto al sistema de acceso del personal en las agencias que, a pesar de conllevar un ánimo descentralizador para modernizar y mejorar la eficiencia y la eficacia en la Administración Pública, jamás -ni tan siquiera en la función pública británica, que está dotada de un sistema abierto- se ha apartado de cumplir con los requisitos de mérito, capacidad, igualdad y publicidad así como tampoco descuidó el espinoso asunto de las potestades públicas y administrativas que siempre estuvieron en manos de funcionarios. 
Lo que pretende hacer la Junta de Andalucía, por tanto, no es otra cosa que una conjugación legal trapisonda, para lo cual se basa en un movimiento agencializador consolidado en los países occidentales, pero interpretándolo a su modo. Y su modo ya sabemos cuál es, después de treinta años de mal gobierno en Andalucía.   


Por José Antonio Flores Vera

7 comentarios:

  1. lo de andalucia y en extensión toda españa es escandaloso, de carcel para mas de uno... para mi es mas grave y vergonzoso el estallido de la burbuja pública que la inmobiliaría, aunque ambas van de la mano y una no se entiende sin la otra.
    He dejado esta año de lado el premio diputación, solo he corrido las de granada, marcelino y dos colinas, pretendo hacer la de dilar gojar
    un saludo.

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  2. empleada pública20 de junio de 2012, 0:38

    Gracias por tu aportación. Aunque desconozco alguna normativa antigua de la que haces mención, pienso que esta es la administración del segundo régimen.
    Antes luchaban por la dictadura y ahora son ellos otra dictadura.

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  3. "función pública profesional"

    ¿Eso qué es como la nobleza? ¿Aún en el siglo XXI hay nostálgicos del antiguo régimen? Vamos a ver si en la mayor parte de países no existen funcionarios, sino trabajadores, ¿por qué aquí tenemos que aguantar un concepto tan arcaico como el de los funcionarios? ¿Es que se equivocan EE.UU. o Alemania, países con una administración infinitamente mejor que la española y en la que no hay funcionetas, sino trabajadores, y en la que éstos pueden ser despedidos por cualquier motivo y no tienen las prebendas medievales que tienen en España?

    La igualdad de los españoles ante la ley es incompatible con la mera existencia de funcionetas.

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  4. Perdona que te tutee como anónimo, que es el nombre que uno se pone cuando no está seguro de lo que escribe. Tendrías que estudiar mejor el régimen de función pública de los países que citas tan ligeramente y sin rigor porque, precisamente, Alemania es uno de los países dotado con un régimen de función pública más cerrado, caracterizado por la permanencia en el puesto, que va vinculado a los méritos académicos. En EEUU existe un amplio concepto de empleado público, principalmente en el entorno de la Administración local y los condados, muy distinto al español porque es abierto, pero los funcionarios federales son estables con una situación muy similar a España. Y, precisamente, para acabar con el régimen medieval del que hablas, en el que el empleado público era utilizado por los gobiernos a su antojo, se implantó un sistema de función pública profesional en Francia tras la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, que es el modelo más cerrado existente en el mundo y con mayor prestigio. Precisamente la profesionalización es la que evita la vinculación del funcionario con el político, justo lo contrario que está haciendo la Junta de Andalucía con la Administración paralela que denunciamos.
    Tras determinadas críticas a la función pública de este país, se esconde cierto resentimiento por unas oposiciones no superadas en su día, pero no creo que este sea tu caso. Prefiero suponer que es mero desconocimiento.
    Saludos y gracias por pasar por aquí.

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  5. Con tu permiso, copio y reproduzco este artículo que viene al pelo sobre los funcionarios y la función pública.

    .-Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica.
    Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se
    valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al
    bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia.
    Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que
    trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las
    pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima
    y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el
    incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera
    inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver
    ratificada su decisión.

    Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado.
    Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en
    el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es
    comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de
    independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada
    momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia,
    se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública,
    conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de
    ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no
    se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos
    legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que
    no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y
    no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a
    veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la
    inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

    Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado
    son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar
    en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan
    a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia
    los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen
    objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener
    límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de
    conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega
    a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e
    incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar
    tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza
    al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha
    provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios,
    lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para
    acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una
    consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un
    funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los
    gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la
    convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso
    en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la
    Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la
    corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para
    atajarla.

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  6. ..sigue...
    Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se
    tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos
    mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea
    personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es
    general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios
    y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una
    medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de
    fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte
    económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su
    dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún
    problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como
    persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre
    disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie
    ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración,
    ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta
    de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida
    sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo
    se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo
    estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para
    dividir a los paganos.
    En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a
    ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la
    mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa
    privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay
    propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos
    hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o,
    simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.

    Francisco J. Bastida.

    Catedrático de Derecho Constitucional.

    Universidad de Oviedo.

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